MAMA, PERDON POR SER POLICIA FEDERAL…

Policías federales, soldados del cártel del Golfo, EL CARTEL INTOCABLE

soldados

 PFP Y MILITARES CONTROLAN EL TRAFICO DE DROGAS

Una compleja y estructurada organización de policías federales –supuestamente conformada por 32 elementos que brindan protección al cártel del Golfo en la “plaza” de Tampico, Tamaulipas– no pudo ser desmantelada por el gobierno federal, a pesar de los múltiples testimonios de testigos protegidos que revelaron a las autoridades su intrincada forma de operar. El Ministerio Público federal acredita la supuesta responsabilidad a sólo dos de ellos

 
De un total de 32 agentes de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) adscritos al sector 124 en Tampico, Tamaulipas, acusados de tener vínculos con el cártel del Golfo, únicamente dos fueron declarados formalmente presos por delitos contra la salud y tráfico de indocumentados, revela el auto de formal prisión dictado en su contra por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Centro Federal de Readaptación Social 1 Altiplano.
Los agentes federales Juan César Casillas Escobar y Roberto Velázquez Estrada operaban para el cártel del Golfo, cuya estructura fue creada por Osiel Cárdenas Guillén, de acuerdo con diversos testimonios de testigos protegidos, contenidos en la causa penal 1/2008-III.
Los presuntos cómplices del crimen organizado fueron detenidos conforme la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/070/2007, consignada por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República (PGR).
Casillas Escobar y Velázquez Estrada, de acuerdo con el testimonio del testigo protegido Halcón, eran sobornados por Eduardo Rodolfo Soriano Gómez, exmiembro de la PFP y uno de los principales operadores de Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC, entonces jefe de escoltas de Osiel Cárdenas Guillén, del destacamento de Tampico, a cuyos miembros “les pagaban diversas cantidades de dinero, a fin de que les hicieran llegar a los elementos del destacamento las instrucciones de trabajo y el dinero por medio de los responsables de turno”.
El compromiso –prosigue Halcón– es que no debían molestar a los indocumentados, ya que el pollero con clave 82*, también conocido como Rafael, el de la plaza de Tampico, les pagaba derecho de piso a Los Zetas. Éstos, a su vez, se comprometían a que los policías federales preventivos, División Caminos, no detuvieran a los vehículos cargados con indocumentados. Incluso, una persona de la organización les llamaba a los encargados de turno para avisarles que dejaran pasar ciertos vehículos. Por cada indocumentado recibían 1 mil 100 pesos.
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El testigo protegido Halcón manifestó ante el juez de la causa estar dispuesto a colaborar en la investigación de la organización criminal del cártel del Golfo, concretamente de la célula que opera en Tampico, en donde “elementos de la Policía Federal Preventiva trabajan para Los Zetas, y controlan la ‘plaza’ encabezados por el JC, quien tiene bajo su mando a Rodolfo Gómez Soriano”. Éste era el contacto de los responsables de turno de la comandancia local, a saber: “El inspector Juan César Casillas Escobar; subinspector Francisco Durán Juárez; subinspector Roberto Velásquez Estrada; oficial Alberto Montesillas Dueñas; oficial Marco Antonio Ochoa Contreras, y el oficial Luis Rodolfo Valdez Rendón”.
Enseguida, el testigo da a conocer la lista de los 34 elementos del destacamento que supuestamente estaban bajo las órdenes del JC, a través de Soriano, y que –a decir del testigo protegido– recibían diversas cantidades de dinero por brindar protección al cártel del Golfo. Ellos son Luis Mario Candiani Simón, Moisés Carrera Santos, Juan Manuel Carmona Victoria, Luis Alberto Carmona Villalvazo, José Rosario Delgado Coronado, Marco Antonio Cano Salinas, Ernesto de León Treviño, Rafael Fernández Olvera, Francisco Durán Juárez, Roberto Velázquez Estrada, Vicente Eduardo Martín Anda Ortega, Alberto Montesillos Dueñas, Javier Ortiz Álvarez, Jorge San Gabriel Gómez.
Así como Ramón Gabriel Serna Sánchez, Aníbal Carrillo Avelar, Juan de Dios Carbajal Carbajal, Sergio Carrillo Delfín, Juan José Cano Flores, Joel Omar Carmona Guerrero, Roberto Camargo González, Germán Alberto Castro Jaime, José Roque Campos López, Ricardo Iván Campos López, Lázaro Camarillo Macías, Giovanni Carrillo Ochoa, José Ángel Camacho Pérez, Alberto Carmona Rodríguez y Juan Manuel Carmona Rodríguez.
Todos, afirma Halcón, debían evitar inquietar a los indocumentados. Los sobres con el dinero que repartían eran recogidos por Giovanni Carrillo Ochoa y Lázaro Camarillo Macías. Con respecto de las actividades de narcotráfico de Los Zetas: “Recibíamos instrucciones de los responsables en turno de no detener vehículos que nos parecieran sospechosos u ostentosos, con vidrios polarizados, sin placas de circulación o con placas sobrepuestas, lo cual variaba pues a veces utilizaban vehículos viejos”.
El objetivo era que no se molestara a Los Zetas, pues de lo contrario éstos amedrentaban al personal de la PFP. Por su participación, cada elemento policiaco recibía entre 5 mil y 10 mil pesos cada mes.
El capitán Durán Juárez –uno de los responsables de turno– daba aviso a Soriano cada vez que se realizaban operativos y rondines en la ciudad. La clave era “Quiúbole, ya andamos aquí en la ciudad”. Otra clave del capitán Durán para que no se descubriera de qué se estaba hablando era “¡Carajo!, estamos patrullando la ciudad”.
Así, asegura, “en los operativos y retenes que se encontraban instalados en las entradas de la ciudad, debíamos de avisar en qué lugar estábamos; si se detenía a gente con droga, dinero o armas, y llamar a la gente de LosZetas para saber si eran de su grupo o no. Si no era de su gente, ellos pagaban por la droga, las armas y los detenidos. Ésa era la instrucción”.
La autoridad no pudo demostrar la culpabilidad de 30 policías, quienes fueron declarados inocentes.
Durante el interrogatorio del que fue objeto por parte del Ministerio Público adscrito al Juzgado, Halcón reconoce uno a uno a los 32 elementos, que en un legajo de fotografías le fueron presentados, como los agentes que recibían dinero de Los Zetas.
Juan César Casillas Escobar y Roberto Velázquez Estrada también fueron señalados por Chacaltianguis, un testigo protegido de la PGR, como colaboradores del cártel del Golfo en la “plaza” de Tampico que controlaba el exjefe del cuerpo de seguridad de Osiel Cárdenas –extraditado a Estados Unidos en enero de 2007–, y Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC, que permitían el paso de vehículos con indocumentados a cambio de 9 mil pesos mensuales para los oficiales y 5 mil a los suboficiales. Los choferes de los vehículos solamente tenían que decir en los retenes que eran de “La Compañía” de Los Zetas.
“Reconozco a quienes reciben dinero de Los Zetas o ‘La Compañía’, para ayudar al transporte de enervantes, y de sujetos que se dedican al tráfico de indocumentados, polleros, para dejar que pasen los vehículos sin mediar revisión. Ellos son Juan César Casillas Escobar y Roberto Velázquez Estrada”, afirma Chacaltianguis ante la representación social.
En su declaración del 2 de junio de 2007 –en pleno auge del cártel del Golfo y Los Zetas–, el testigo refiere cómo trasladaban a los indocumentados hacia la frontera con Estados Unidos –hoy son secuestrados y en su caso reclutados o asesinados– a cambio de pagar a la “comunidad” el derecho de piso para evitar que fueran remitidos a las autoridades de migración.
Otro testigo, Eduardo, señala que trabajó como escolta y chofer de Juan Carlos de la Cruz Reyna, en la “plaza” de Tampico. Ahí, como miembro del cártel del Golfo, conoció a Julio César Escobedo China, alias el 90, quien se encargaba de pagar la nómina al personal y a las autoridades, entre ellos a los policías, para que les brindaran protección.
“Escobedo China dependía directamente de Juan Carlos de la Cruz Reyna, quien, además de coleccionar plumas Mont Blanc, tenía muy buena relación con el agente de la Policía Federal de Caminos, Eduardo Soriano Gómez, quien operaba a través de Gerardo O Segundo, clave 49, quien se encargaba de salir a carretera para arreglar todos los cruces y centros de revisión, así como todo lo relacionado con el transporte de la droga.”
El expediente, que forma parte del proceso derivado del Operativo Conjunto Tamaulipas desarrollado por fuerzas policiacas federales, el Ejército y la policía del estado, contiene el testimonio del resto de los efectivos de la PFP, al frente de los cuales estaba el comandante Ernesto de León Treviño. Todos se declararon inocentes de los cargos que les imputaban los testigos protegidos de la PGR.
En su declaración ministerial del 25 de octubre de 2007, Roberto Velázquez Estrada aseguró desconocer a la gente que estuviera relacionada con el cártel del Golfo y Los Zetas. Negó tener vínculos con el narcotráfico y el tráfico de personas y de armas, así como con Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC.
Juan César Casillas Escobar también rechazó los ilícitos que se le imputan y refiere que lo expresado por el testigo Halcón es falso, ya que él se encontraba en Ecatepec, Estado de México, en un curso del Instituto de Capacitación Policial de la PGR, entre el 15 de mayo y el 20 de junio de 2007.
 
 

PFP:Mafias intocables

Estudios confidenciales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal demuestran que las autoridades tienen evidencia acerca de la descomposición de sus corporaciones en especial de la Policía Federal Preventiva y que incluso cuentan con los nombres de mandos vinculados al crimen organizado

La Procuraduría General de la República (PGR)investiga a mandos de rango alto y medio en la Policía Federal Preventiva (PFP)que,además de ser señalados como corruptos,integrarían una denominada “Hermandad del Polvo Blanco “(La Hermandad Blanca) que protege al narcotráfico o bien participa en éste y en otras actividades del crimen organizado.

Estas conclusiones,en poder de la PGR, forman parte de dos estudios confidenciales ordenados por la Secretaría de Seguridad (SSP)federal,de la que depende la PFP,uno fechado en octubre de 2000 y el otro en enero del presente año.Ambos documentos forman parte de una denuncia de hechos presentada el 17 de junio ante el procurador Daniel Francisco Cabeza de Vaca.

En dicha denuncia,formulada por el Consejo Nacional para la Seguridad Pública y la Justicia Social,se aporta información que a su vez le hicieron llegar a esa asociación civil, en el sentido de que una persona que dijo ser cuñado del secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta ofrecía,desde febrero pasado,la venta de la (plaza)comandancia de la PFP en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM)en la cantidad de 3.5 millones de dólares.

Una investigación de dicha secretaría descartó un vínculo familiar de la persona que ofrecía dicha plaza con Martín Huerta; pero aun cuando los altos mandos de la SSP conocieron plenamente su identidad,no procedieron contra. No sólo eso:El individuo también ofrecía en venta las comandancias de la PFP en otros aeropuertos del País al crimen organizado.

“El homicidio del oficial Pedro Madrigal Trejo,titular de la Unidad Aeroportuaria de la PFP,cometido el 16 de junio,puede obedecer a problemas relacionados con la venta de plazas y la disputa de los carteles del narcotráfico por apoderarse de la plaza del aeropuerto de la Ciudad de México “,señala la denuncia.

Los compañeros de Madrigal Trejo aseguraron que su ejecución obedeció a una venganza,pues quince días antes participó en el aseguramiento de 289 kilos de cocaína procedentes de Bogotá,Colombia,en la zona de Aduana del aeropuerto.

A sólo seis años de su creación en el sexenio de Ernesto Zedillo,la PFP enfrenta un grave proceso de descomposición,entre otras causas,por el ingreso de viejos policías corruptos que conformaban La Cofradía y La Hermandad,sociedades criminales formadas en la Policía Federal de Caminos,cuya presencia se extendía prácticamente en todo el País.

La corporación también fue alimentada desde el principio por varios batallones de la Policía Militar provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional.Con el arribo de Fox al poder,se integraron varios batallones de Infantería de Marina,la Tercera Brigada de Policía Militar y el Décimo Batallón de Policía Militar.De esa manera,la PFP acogió diez unidades del Ejército desde su constitución, de acuerdo al ensayo “Las fuerzas armadas mexicanas en la guerra antinarcóticos “,del periodista Jorge Luis Sierra,elaborado para la organización civil Washington Office on Latin America (WOLA).

De todas formas,la corrupción pone en duda los esfuerzos y los programas de seguridad para combatir al crimen organizado que ha implantado el gobierno de Vicente Fox,como el programa México Seguro de la SSP federal,ya que “cualquier proyecto o iniciativa para el combate al crimen organizado no pasará de ser una buena intención,si antes no se contempla como real e ineludible la erradicación del contubernio policial “,indica el estudio fechado en enero pasado.

“Para iniciar el real combate al crimen organizado es prioritario empezarlo en la casa propia,que en este caso serían las estructuras encargadas de hacerlo en la Secretaría de Seguridad Pública y más que nada en aquella de una real presencia en el territorio nacional,esto es en la Coordinación General de Seguridad Regional (de PFP),antes Policía Federal de Caminos “,abunda.

Lo anterior,dice el estudio,debido a que millones de dólares provenientes de la delincuencia organizada se concentran en ese reducido grupo de mandos medios y altos de la PFP que tiene bajo su control la Coordinación General de Seguridad Regional,la Coordinación de Inteligencia,la Coordinación de Fuerzas Federales de Apoyo,el Estado Mayor y la Unidad de Desarrollo de la PFP.

También aclara que el crimen organizado no es una hidra de mil cabezas,sino que sus líderes son contados y cometen a diario infinidad de errores,los cuales son subsanados por los principales beneficiarios de esas actividades ilícitas:Los miembros corruptos de las instituciones policiales que debieran combatirlos.

Y éstos,a su vez,no son policías de bajo rango,como quiere hacérsele creer a la opinión pública,sino que la real concentración de los beneficios ilícitos se concentra en unos cuantos funcionarios de alto y mediano rango que están en el vértice de la pirámide, que en el caso de la SSP no alberga a más de medio centenar de mandos altos y medios de la PFP.

Según el estudio,con el arribo de Martín Huerta a la SSP y tras la crisis que generó el asesinato de dos agentes de inteligencia de la PFP,y las graves lesiones a uno más,a manos de una turba en Tláhuac,en noviembre pasado,el presidente Vicente Fox hizo el anuncio de una “limpia ” en los cuerpos policiacos, incluida la PFP.No obstante,es un proceso pendiente.

No aptos

El primero de los estudios que forman parte de la denuncia a la que da seguimiento la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo)es la evaluación aplicada en octubre de 2000,dos meses antes de la toma de posesión de Vicente Fox,a 232 mandos de primero y segundo nivel de la PFP.

La Unidad de Desarrollo de la Dirección General de Control de Confianza aplicó esa valoración,a la que acudieron 3 inspectores generales,67 inspectores en jefe,49 inspectores,1 comandante de región,4 subdirectores,98 segundos comandantes,5 comandantes de destacamento y 5 pilotos helicopteristas.

El documento correspondiente,con sellos de la PFP,se denomina “Evaluación aplicada al personal de la Coordinación de Seguridad Regional.Informe de Resultados ” e incluye estudios sicológicos,poligráficos y toxicológicos,entre otros.

Algunas de sus conclusiones son:De los 232 mandos evaluados,210 (90.5%)no son aptos para ocupar su cargo;de ésos 210,82% aceptó haber cometido faltas que van desde recibir dádivas de 10 mil a 20 mil pesos por alterar partes informativos en accidentes, infracciones o recuperación de vehículos robados,hasta otras más graves,como permitir el paso de armas en vehículos.

Asimismo,a 7%de los no aptos se les clasificó así por su actitud durante el examen, pues en todo momento respondieron no a lo que se les preguntaba,además señalaron que tan solo era un requisito para continuar en la institución y que no les afectaría que los corrieran porque se pueden dedicar a sus negocios o bien interponer un amparo y por su antigüedad que tienen piensan que no se les haría nada.

Un total de ocho mandos de la PFPresultaron aptos,pero con observaciones, es decir,se condujeron con la verdad en el estudio poligráfico,pero reconocieron que recibían dinero de subordinados, proporcionaban información confidencial, alteraron partes de accidentes o incurrieron en abuso de autoridad.Del resto de los evaluados,trece fueron reexaminados y otro no concluyó la evaluación.

De los 232 evaluados,224 presentaron detecciones técnicas en el polígrafo cuando se les preguntó si protegían a personas involucradas en el narcotráfico,vinculadas al tráfico de mercancía ilegal o con el robo a autotransportes durante el último año.

Respecto la escolaridad de los mandos examinados,sólo 6%tienen licenciatura y 21%licenciatura trunca;43%cursaron bachillerato completo y 10%bachillerato trunco;el resto contaba con carreras técnicas y secundaria.El 73%tiene entre 46 y 60 años de edad.

El examen sicológico arrojó que al menos 87%de dichos mandos de la PFP no son aptos,sobre todo porque no toleran situaciones de presión,su capacidad de decisión es baja y tienen problemas con figuras de autoridad, porque no aceptan normas.

Más de la mitad mostró serios problemas para relacionarse con su grupo de trabajo y para mantener bajo control sus impulsos.

Lo más grave es que ninguna autoridad emprendió acciones con base en tales resultados.Ese estudio le fue entregado al comisionado de la PFP en la época de Zedillo,el almirante Wilfrido Robledo,quien hizo intentos infructuosos por romper las redes de control de esa mafia;también se le entregó a los dos secretarios de Seguridad Pública Federal del Gobierno foxista,Alejandro Gertz Manero y su sucesor Ramón Martín Huerta, pero ninguno de ellos le ha dado una solución definitiva al problema.Incluso,Gertz Manero les restituyó el uniforme y las insignias a los ex policías de caminos a los que Robledo había ordenado usar la vestimenta gris de la PFP y los movilizó de sus territorios de control,se informó en la SSP.

A la llegada de Fox,al pasar la PFP de la Secretaría de Gobernación a la recién creada Secretaría de Seguridad Pública,Gertz asumió simultáneamente el cargo de comisionado de la PFP.Al ser nombrado como titular Ramón Martín Huerta,se nombró como comisionado al almirante José Luis Figueroa Cuevas,quien meses después tuvo que abandonar el cargo tras la controversia por el caso Tláhuac.En su lugar,Martín Huerta dio posesión al general de división Tomás Valencia Ángeles.

Crimen organizado oficial

Ese estudio confidencial del año 2000 confirmó que la limpieza en la PFP era urgente e inaplazable e incluía el apartado “Personal señalado por sus compañeros por participar en ilícitos “.Ahí se enlistaban 83 servidores públicos vinculados al narcotráfico,tráfico y protección,robo de autotransportes,tráfico de indocumentados y extorsión.Uno de ellos fue acusado de pertenecer al Cártel del Golfo.

Por ejemplo,se menciona a Arizpe Mireles,robo de tráilers y narcotráfico.Aunque la lista no contiene el nombre de pila,parece referirse a Antonio Arizpe Mireles,ex director en la desaparecida Policía Federal de Caminos a quien se investigaba por su presunta protección al Cártel de los Arellano Félix,de acuerdo con reportes de prensa. También se incluye a Adolfo Meza Abadía,por narcotráfico.En una revisión en Internet se encontró que él era inspector jefe de la Comisaría del Sector Irapuato de la PFP en 2004,y en enero de ese año participó en la instalación del ConsejoMunicipal de Protección Civil del mismo municipio.

Otro señalado por realizar operaciones de narcotráfico es René Garza de la Garza,quien al menos hasta noviembre del 2004 era comandante de la PFP,área de Caminos,en Monclova,Coahuila.En cuanto a Carlos Lomelí Ramírez,se registra que sus subalternos tienen tratos con narcotraficantes.

“A él le han dado hasta 4 mil dólares.Hace un año su segundo comandante le arregló una cita (sin su consentimiento)con el narcotraficante Osiel,quien le prometió enviarle un mueble (automóvil)si ‘se llevaban bien “,se menciona.

En la lista se señala a Reynaldo Ascencio Cavazos como parte del Cártel del Golfo ” y a Rodrigo Alcaraz Ojeda,comandante de la Comisaría de Nogales,Sonora,se le acusa de protección al narcotráfico. Se trata de señalamientos graves:Unos oficiales denuncian que el personal del AICM está vinculado al “mercado negro ” de refacciones;los comandantes de Ensenada y Tijuana se dedican al narcotráfico;en el destacamento en Orizaba,Veracruz,consumen cocaína algunos compañeros;el oficial Ernesto Duarte López Portillo dice tener un pariente cercano a los Arellano Félix; elementos de Durango consumen cocaína; efectivos de Reynosa consumen cocaína a discreción …

También se da cuenta de integrantes de la corporación vinculados al tráfico de indocumentados y al robo de tráilers.

Falta de compromiso

La Propuesta de Inteligencia Estratégica elaborada en enero de 2005 tiene como antecedente el documento confidencial de 2000 y señala que éste refleja un mal detectado desde el mismo nacimiento de la PFP hace cinco años y que nunca hubo el propósito de corregirlo.

Una de las principales conclusiones señala que la gran oportunidad de la SSP y la PFP pasó al no darle el golpe definitivo a la corrupción policiaca,cuando se permitió, supuestamente para no provocar inestabilidad,que permanecieran los integrantes de la Hermandad y las Cofradías.

Estos grupos de policías corruptos,integrantes de las élites de alto mando,siempre se han construido a imagen y semejanza de los que existieron en corporaciones ya extintas,como la DIPD de Alfonso “El Negro ” Durazo o la Dirección Federal de Seguridad de Miguel Nassar Haro … aunque no necesariamente los integrantes de la Hermandad de la PFP provienen de dichas corporaciones.(SIC)

En consecuencia,dice el análisis,la lógica de la impunidad entre delincuentes y policías se robustece en la percepción ciudadana.Particularmente,se fortalece la idea de que los gobiernos más recientes y en especial el de Vicente Fox no pueden cumplir su función de proteger a la sociedad,porque no han sido capaces de detener la corrupción y el contubernio criminal en las instituciones encargadas de la seguridad.

La propuesta plantea líneas de acción para combatir a la llamada “Hermandad del Polvo Blanco ” mediante una depuración a fondo,a fin de fincarles responsabilidades y desvincularlos de las redes de corrupción.

Si bien no identifica por su nombre a los diez principales líderes de la “Hermandad del Polvo Blanco “,advierte que,para removerlos,la depuración iniciaría con las delegaciones de la PFP en Tamaulipas, Chihuahua,Baja California,Chiapas,Oaxaca y Veracruz,donde esta mafia goza de un amplio control.

Para ello sería necesario que un grupo especial desarrollara labores de inteligencia y contrainteligencia desde fuera de la SSP, con la fachada de periodistas de un programa radiofónico llamado “Así es “,una de cuyas características sería apoyar de manera implícita o explícita,según sea el contexto, al secretario de Seguridad Pública,Ramón Martín Huerta,así como sus políticas y medidas en contra de la delincuencia.

Adicionalmente,la estrategia plantea poner en marcha en la SSP un programa de calidad administrativa que permita promover a los líderes de la Hermandad para enviarlos a cursos,diplomados y simposios con una duración mínima de tres meses.Todo ello a fin de alejarlos de su red de control y así facilitar las investigaciones.

Sin embargo,se aclara que los cursos propuestos no deberán ser potencialmente peligrosos ni convertirse,en manos de los policías corruptos,en un arma en contra de la ciudadanía y la institución.

El objetivo de la iniciativa,que no ha logrado el apoyo decisivo en la SSP,sería investigar el modus operandi de los integrantes de la “Hermandad del Polvo Blanco “, documentar casos concretos de contubernio de altos y medios mandos policiacos con el crimen organizado … (así como)determinar el árbol genealógico criminal de los infiltrados en la PFP.

Los estudios,en manos del titular de la Siedo,José Luis Santiago Vasconcelos,concluyen que haber mantenido intactas a esas cofradías de policías corruptos en la PFP ha generado el que hoy en día sean destacados participantes en el crimen organizado del País.

“Al paso del tiempo,lejos de disminuir el número de integrantes de esta sociedad criminal y ver reducida su área de influencia,ésta se ha incrementado debido a la debilidad,falta de compromiso,intereses políticos o tal vez temor de los funcionarios de la PFP o de la SSP que no han querido enfrentarlos “, concluye.

Además, la SSP cuenta con una estrategia para desarticular sus mafias internas.Sin embargo,la “limpia ” de los cuerpos de seguridad tantas veces anunciada en este sexenio tropieza,según los documentos mencionados,con la falta de compromiso,el temor e intereses políticos.

Además de ser señalados como corruptos,integrarían una “Hermandad del Polvo Blanco “.

FUENTE: PROCESO

La CIA controla tráfico de drogas y no quiere que acabe

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29-7-2012.- Al Jazeera revela declaraciones de vocero del gobierno de Chihuahua, quien señala que la CIA es parte del narcotráfico y busca continuar este jugoso y macabro negocio.

La sospecha popular de que el narcotráfico no es meramente un dominio salvaje de mafias criminales locales glorificadas que logran poner en jaque a un gobierno sino un sistema organizado desde el poder estatal  y algunas corporaciones, específicamente bancos que lavan el dinero de estos cárteles, ha venido confirmándose recientemente. El caso de HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo, involucrado en lavado de dinero del narco mexiano, bajo concocimento de sus más altos ejecutivos, es un indicio revelador de lo que parece ser una estructura oligarquica del tráfico de sustancias ilegales –y armas– que cuenta con el visto bueno de dependencias dentro de los gobiernos de distintos países.

Una nueva seña en este sentido ha sido revelada por Al Jazeera, uno de los sitios de mayor calidad periodística del mundo, quien publicó esta semana declaraciones de un funcionario del gobierno de Chihuahua, quien señaló que la CIA “no lucha contra los narcotraficantes”,  los “maneja”. Guillermo Terrazas Villanueva, coordinador de comunicación de este estado fronterizo, dijo a Al Jazeera que terminar con el narco sería terminar con su propio negocio “si acabas con las pestes, te quedas sin trabajo”,  fue la figura retórica que uso Terrazas Villanueva. Aunque este funcionario no es de los de más alta jerarquía, su declaración expresa, con posible conocimiento de causa ,un sentimiento popular que se soporta en evidencia histórica en cuanto a la relación de la CIA con el tráfico de drogas.

Al Jazeera también entrevistó al profesor Hugo Almada Mireles, de la Universidad Autónoma de Juárez. “La guerra contra las drogas es una ilusión. Es parte del raciocinio para invadir América Latina”, dijo Almada, quien citó como referencia la operación “Rápido y Furioso” en la que el FBI vendió armas a criminales mexicanos supuestamente para poder rastrear estas armas.

Desde 1996 el diario San Jose Mercury documentó el papel de la CIA moviendo cocaína colombiana vía Nicaragua, para inyectarla en los ghettos de Los Angeles, dando pie a  la fiebre del crack.

En Pijama Surf hemos explorado antes esta posible filiación entre la CIA y el narco, aquí y aquí y aquí.

Si bien en México es cosa sabida que el narco ha corrompido las instituciones (o las mismas instituciones han generado el narco),  el papel de la CIA y del gobierno de Estados Unidos provocando magnicidos en el territorio mexicano no ha sido del todo dimensionada. De ser cierto que la CIA es, a fin de cuentas, parte de la estructura del narcotráfico, los mexicanos estarán viviendo en una terrible ilusión, gastando miles de millones de pesos de los contribuyentes para representar un sangriento simulacro violatorio de la autonomía nacional.

Esto evidentemente explica las leyes de prohibición de plantas medicinales como la marihuana, capitalizadas y desvirtuadas dentro de una mafia lacerante de la psique colectiva (recordemos la celebración de narcotraficantes en el 50 aniversario de la prohibición promovida por la ONU). Hace poco mas de un año nos adentramos a repasar la historia de la criminalización de la marihuana confirmando un complejo entramado en cuyo centro confluyen múltiples intereses corporativos y gubernamentales bajo la fachada de una  moralina e hipermediatizada “guerra contra las drogas”.

En síntesis, este fenómeno revela la existencia, y sí las teorías de la conspiración aplican, de una especie de élite que hace negocio con las vidas de los ciudadanos comunes y corrientes, afianzada en su control de los bancos, las policías, y los medios de comunicación. El narco tal vez sea el mayor negocio del mundo, y aquellos que lo cosechan en su máximo caudal, no son los capos que salen en las noticias, son algunos de lo más altos funcionarios y empresarios.

¿Cómo es posible que tras décadas de combate, miles de millones de dólares utilizados, monumentales recursos humanos y de inteligencia, y una tenaz propaganda, en contra del narcotráfico, los resultados que arroja esta cruzada sean el aumento de consumo, distribución y, en particular, ganancias, de esta actividad? Esto solo puede explicarse si tras bambalinas los grupos más influyentes (bancos, coloraciones, gobiernos) se benefician de algún modo de la subsistencia del narcotráfico. Pero ¿estas son las instituciones  a las cuales debemos  rendir respeto y acatar sus decisiones?

Fuente: Pijamasurf

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