LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRAFICO EN MEXICO, NEGOCIO DE GOBERNANTES, PRESIDENTES Y WALL STREET..

¿Se combate al narcotráfico en México?

“La guerra de la droga se ha convertido en el mayor vehículo de militarización en Latinoamérica. Es un vehículo financiado e impulsado por el gobierno de EE.UU. y alimentado por una combinación de falsa moral, hipocresía y mucho miedo fuerte e irracional. La denominada “guerra contra la droga” es en realidad una guerra contra la gente, especialmente los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas y los disidentes. La guerra contra la droga se ha convertido en el principal camino para que el Pentágono ocupe y controle países a costa de sociedades completas y muchas, muchas vidas.

“La militarización en nombre de la guerra contra la droga ocurre con más rapidez y más a fondo de lo que la mayoría probablemente esperábamos bajo el gobierno de Obama. El acuerdo para establecer bases en Colombia, suspendido posteriormente, envió una de las primeras señales de la estrategia. Y hemos visto la extensión indefinida de la Iniciativa Mérida en México y Centroamérica, e incluso, lamentablemente, que barcos de guerra han sido enviados a Costa Rica, una nación con una historia de paz y sin ejército…

“La Iniciativa Mérida financia intereses de EE.UU. para entrenar fuerzas de seguridad, suministrar tecnología de inteligencia y guerra, dar consejos sobre la reforma de los sistemas de justicia y promover los derechos humanos, todo en México.” (The Drug War Can’t Be Improved, It Can Only be Ended, Laura Carlsen, Counterpunch)

¿Está la CIA detrás de la guerra contra el narcotráfico en

México?

Militares mexicanos señalan que el gobierno prepara el escenario para la intervención de Estados Unidos; la relación de la CIA con el narcotráfico ha sido comprobada en otros paíes pero ¿están también operando en México y para qué?..

La revista Contralínea publicó hace unos días un extenso artículo donde cita a altos militares en activo -que prefirieron mantenerse anónimos- los cuales señalan que la guerra contra el narcotráfico está siendo manipulada desde Estados Unidos para desmebocar en una intervención militar estadounidense, como último recurso salvador ante el caos que reina en el territorio nacional. Si bien la revista Contralínea no es una de las fuentes más prestigiosas en materia periodística, la realidad nos dice que actualmente no se pudede confíar en ninguna fuente informativa sin tener reparos (¿ El Universal, Proceso? o incluso ¿El País, The New York Times, The Guardian?) puesto que los medios se han convertido cada vez más en actores políticos, implicados en una confusa madeja de intereses económicos, agendas ocultas y simulacros masivos. Por esta razón el ejercicio crítico actualmente se debe aplicar a cada pedazo de información, tomando en cuenta de donde proviene y en que contexto de signos está entrelazada. Esta información -fundamentalmente: que Estados Unidos es un agente provocador del narcotráfico en México con el fin de desplegar su ejército y participar en las labores de combate- horada en el miedo popular del intervencionismo, y si bien explota cierta sospecha conspiranoica, también se apuntala en un patrón de conducta histórico que liga a Estados Unidos y a sus agencias de inteligencia con el narcotráfico y con la utilización -y elevación- de conflictos internos para legitimar una intervención política en territorio extranjero.

Se hizo público recientemente un estudio de la Cámara de Diputados que calcula que el año pasado el narcotráfico blanqueó 10 mil millones de dólares dentro del sistema financiero mexicano.
 
Desde hace años, quienes criticamos la fallida estrategia contra el narcotráfico del gobierno calderonista, hemos insistido en que le hace falta más inteligencia y menos tanquetas, balazos, muertes, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
Las cifras cada vez lo hacen más evidente. En el quinto informe de labores de la Procuraduría General de la República (PGR) se reportaron las acciones para combatir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (tipo penal con el que se designa al lavado o blanqueo de dinero). Ahí se destacaron los “éxitos”: se lograron 17 sentencias condenatorias y se aseguraron unos 154 millones de pesos.
La cifra equivale aproximadamente al 0.1 por ciento de los recursos que el narcotráfico lava anualmente en el país. Podemos decir que gracias al gobierno de Felipe Calderón, el narcotráfico tiene solamente el 99.9 por ciento de su capacidad para comprar armas, corromper funcionarios, infiltrar a las corporaciones militares y policiacas, transportar narcóticos y pagar por sus “trabajos” a los sicarios.
Hay otros datos preocupantes: en el mismo periodo, la PGR concluyó más averiguaciones previas por delitos contra el ambiente(225), que por lavado de dinero (181). Es decir, la PGR se dedicó a trabajar más en “proteger” la naturaleza que en combatir las causas del problema que Felipe Calderón colocó como el tema central de la acción de gobierno durante todo su sexenio.
¿Quién puede creer que el objetivo del gobierno fue combatir el narcotráfico, si nunca se intentó acabar con el negocio que hay detrás de él? Al enfilarnos al final de este sexenio de muerte, ¿no parecen insultantes las mentiras que repetían aquellos promocionales que decían “para que la droga no llegue a tus hijos”?
Hay que recordar que de acuerdo con la última Encuesta nacional de adicciones del gobierno federal, alrededor del 5 por ciento de la población entre los 12 y los 65 años de edad ha consumido drogas ilícitas. El 95 por ciento restante se encontraba ajeno al problema. ¿Estábamos ante un problema de seguridad nacional por el consumo de drogas? Parece evidente que no.
Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala en el Reporte internacional de estrategia para el control de narcóticos que la producción y consumo de drogas ilegales crece y éstas continúan pasando a través del territorio mexicano.
Es evidente que lo que está ocurriendo en México no es un problema ordinario de seguridad pública. También queda claro que el discurso gubernamental está lleno de retórica vacía, pues es bien sabido que el narcotráfico no va a disminuir mientras continúe siendo un negocio inmensamente rentable. Así, esta guerra no se va a ganar.
Las Fuerzas Armadas están complacidas en cierto grado con Calderón, pues han visto incrementarse varias veces su presupuesto, con lo que también incrementan su poder. Además, su presencia y capacidad de negociación han aumentado sustancialmente durante este sexenio.
Sin embargo, hay personas preparadas e inteligentes en el Ejército que saben que Calderón los utilizó sabiendo que deterioraría su imagen, que la guerra tendría costos y que ellos tendrían que pagar los platos rotos.
Hay altos mandos que saben que torturar es imprescriptiblemente un delito y que la práctica de esta atrocidad en los cuarteles militares va a generar un gravísimo problema a largo plazo. También hay militares preparados que conocen perfectamente su misión y están enterados de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le hizo notar a Calderón la ausencia de protocolos para las detenciones, los retenes y los operativos; e incluso le indicó que esa omisión suya generaría muertes entre los civiles y también entre las fuerzas de seguridad (ver Facultad de Investigación 3/2006 SCJN).
Hay generales que ordenaron torturar, desaparecer y ejecutar civiles (caso del general Moreno Aviña). No se puede llamar a esto accidente o error. Alguien va a tener que pagar por estos crímenes y Calderón confiaba en escapar del país, dejando a las fuerzas armadas la responsabilidad de enfrentar los procesos penales que se iniciarían en su contra.
Es urgente recuperar a nuestras Fuerzas Armadas. Recuperar su prestigio y su control. El gigantesco error de Calderón puede tener consecuencias históricas. Tradicionalmente una de las instituciones que no se había subordinado a los deseos y órdenes del embajador de Estados Unidos en México era precisamente la de las Fuerzas Armadas. Pero esto está cambiando y se hace notar, particularmente, en las operaciones a cargo de la Secretaría de Marina.
Sería indispensable someter a las Fuerzas Armadas a controles parlamentarios. La lealtad al gobierno civil debe ser amplia, es decir, a la estructura de gobierno entera y no simplemente al presidente.
El control parlamentario sobre el despliegue de tropas en México, hacia el interior del país, está dentro de los niveles más bajos en términos del derecho comparado. Esto es verdaderamente preocupante: toda vez que el principio de control democrático sobre las Fuerzas Armadas, se ha convertido incluso en un requisito básico para formar parte de las organizaciones internacionales de Estados democráticos. En estos Estados, el parlamento debe pronunciarse sobre el despliegue militar antes de que ocurra, o por lo menos debe hacerlo una comisión. En otros casos existe al menos la obligación de consultar la opinión del Congreso aunque pueda no ser favorable.
El Congreso puede comenzar a ejercer este control y comenzar a frenar la crisis humanitaria que vivimos. Es urgente que legisle en torno al fuero militar y deje en manos del fuero civil todos los delitos que no estén estrictamente relacionados con la disciplina militar. Es decir, no solamente los crímenes más graves deben juzgarse por tribunales civiles, sino incluso un simple asalto contra un civil, o cualquier tipo de agresión contra civiles por parte de las Fuerzas Armadas.
Una vez recuperado el control sobre nuestro Ejército podremos comenzar a pensar en combatir, realmente, el tráfico de drogas en México.
*Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia
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